ES MENTIRA!

Dr. Luis Rodolfo Abinader, Económista

La aprobación de una reforma fiscal con el mayor aumento de impuestos jamás propuesto, bajo el argumento de que no hay otra alternativa para conseguir cumplir con las promesas de la campaña, después de conocer que la administración de Leonel Fernández sobrepasó en RD$145,000 millones los objetivos del déficit negociado con el FMI, es un acto de irresponsable pereza intelectual y ejecutiva que nos pone en la obligación, en defensa del pueblo dominicano, de decirle a los señores del PLD que eso es mentira.

Porque sí existen una gran cantidad de alternativas diferentes a meter las manos en los bolsillos de la economía familiar con tasas más altas para consumir. Existen otras alternativas que penalizar a las empresas con cargas onerosas que reducen su competitividad y por ende su capacidad de crear empleos además de ahuyentar las inversiones internacionales con la creación de una estructura tributaria hostil.

Es mentira que la presión tributaria - el indicador que mide el peso de las recaudaciones por vía de impuestos, tasas y contribuciones especiales del Gobierno en relación al Producto Interno Bruto- sea en la República Dominica de tan sólo un 13%.

El cálculo de la presión tributaria que se publica no incluye pagos exigidos por nuestras leyes que no son “impuestos”, como los pagos a la seguridad social, los pagos automáticos a entidades autónomas (Infotep, Indotel, etc.), los pagos por permisos administrativos (cabildos, medio ambiente...). Tampoco incluye los pasivos laborales que nuestra legislación laboral aplica a cargo de los empleadores y los costos ocultos de los servicios públicos (electricidad, seguridad) que ciudadanos y empresas tienen que cubrir por la ineficacia del gobierno.

Otro elemento es que en nuestro sistema impositivo la distribución de la carga no está equitativamente repartida, porque sólo la proporción de los actores económicos formales de la población (42.5%) asume la totalidad de la carga tributaria.

Es mentira que el efecto de la reducción del gasto público sea más negativo para las grandes mayorías que la subida de los impuestos, porque la reducción del gasto supone el beneficio del adelgazamiento de una estructura gubernamental en sobrepeso; en cambio, el aumento de los impuestos quita fondos a los actores privados y a los ciudadanos que pueden ser utilizados en nuevas inversiones creadoras de empleos y más consumo personal para dinamizar la economía.

Es mentira que sea sostenible en el tiempo la estructura presupuestaria actual. La reformulación o reingeniería de nuestra administración pública es imprescindible para lograr costo eficiencia en su funcionamiento. La existencia de instituciones que no desempeñan ningún papel, la duplicación de funciones y la existencia de múltiples solapamientos consumen los recursos que deberían ser destinados al bienestar de los ciudadanos. Los recortes pueden y deben ser mucho mayores a los ejecutados hasta ahora. Por ejemplo: ¿Es necesario tener once instituciones dedicadas al transporte? ¿Por qué existe un Oficina Supervisora y Coordinadora que hace lo mismo que el Ministerio de Obras Publicas? ¿Por qué tantas dependencias para manejar políticas sociales? ¿Por qué donde había una CDEEE mantenemos nueve instituciones diferentes?

Es mentira que los aumentos propuestos tendrán un efecto neutro sobre los ciudadanos de menores recursos, porque es sabido que toda nueva contribución es transferida por la cadena de relacionados hasta llegar al último eslabón, que siempre es el ciudadano promedio. Las mayores tasas impositivas impulsan subidas de precio que reducen el poder adquisitivo de los ciudadanos. El efecto para los trabajadores será el mismo que el de una disminución de su salario. Las empresas reducirán sus ventas por efecto de los mayores precios impulsados por los costos superiores. La reducción de ventas obligará a la disminución de empleos. La reducción de empleos aumentará las cargas sociales del Estado. Lo que acabará con la recaudación marginal que el aumento de los impuestos consiga.
Es mentira que una tasa del ITBIS de un 18% signifique mayores recaudaciones, porque la disminución del consumo terminará por minimizar o anular el aumento de ingresos esperado. La efectividad de la contribución total del ITBIS a la recaudación es inversamente proporcional al aumento de la tasa. A mayor tasa, menor recaudación.

Es mentira que más y mayores impuestos son el correctivo adecuado para el problema verdadero de la poca efectividad en la colecta de las contribuciones. Las recaudaciones por concepto de ITBIS y el ISR son, como mínimo, un tercio inferiores a las que deberían ser. La cantidad de recursos que deja de percibir el fisco por efecto de la deficiencia administrativa alcanzarían para conjurar, por lo menos, una cuarta parte del déficit.

Es mentira que el origen del déficit se explique por las ejecutorias de otra administración que no sea la del presidente Leonel Fernández y el PLD. El déficit presupuestario dejado por la administración del PRD en el año 2004 fue de RD$ 6,917 millones, un 27 veces inferior al hoyo de Leonel. El presidente Fernández cerró cada año fiscal de su última administración con un déficit superior a los cincuenta mil millones, pero el gran desbarajuste fiscal fue en el 2012. La mayor concentración del gasto público generador del déficit se encuentra entre enero y abril del 2012. Lo que deja claro que la única explicación para el déficit es el desvió de fondos públicos en el periodo electoral para fortalecer la popularidad de Leonel y garantizar la permanencia del PLD en el poder.

Es mentira que el sector financiero nacional no aporte lo suficiente al desarrollo del país a través de sus contribuciones impositivas. La banca dominicana está sujeta al pago de los siguientes impuestos: 29% de Impuesto Sobre la Renta, 1% de Impuesto a los Activos Financieros Netos, 16% de Impuesto a la Transferencia de Bienes y Servicios, el 1.15 de Impuesto a los Pagos por Cheques y Transferencias. Esta carga fiscal, como se ve, es muy superior a la media del país.

Es mentira que un impuesto al ahorro sólo afecte a las rentas más altas. El sistema financiero del país tiene registradas cinco millones de cuentas de ahorro. El promedio de depósitos mantenidos en cuatro millones de esas cuentas no exceden los RD$ 30,000 pesos promedio. El 80% de los ahorrante no pueden calificarse como ricos.

Es mentira que un país pueda desarrollarse sin estimular el ahorro como fuente primaria de capital para las inversiones productivas. El país tiene una de las más bajas bancarizaciones del continente y una tasa muy baja de ahorro per cápita. El impuesto de un 10% al ahorro provocaría un dramático desincentivo y un estímulo al ahorro informal fuera de las instituciones reguladas por el sistema. Para lograr el bienestar de una colectividad es imprescindible invertir y para invertir hay que ahorra. Sin ahorro no hay inversión. El ahorro nacional ha mostrado una tendencia decreciente en los últimos años hasta alcanzar un 8.3% del PIB, el porcentaje más bajo de América Latina.

Es mentira que penalizando el ahorro con un impuesto el país pueda mantener la estabilidad de su tasa de cambio. El impuesto provocaría que un gran porcentaje de los ahorristas cambien sus ahorros en moneda nacional, como protección, en dólares o decidan llevarlos a países sin un impuesto al ahorro como Panamá, Perú o Brasil.

Es mentira que un impuesto al ahorro le quitaría al que tiene para darle al que no tiene. El sistema financiero tiene unas 629,780 cuentas de ahorros de dominicanos mayores de 60 años que viven de los intereses de sus depósitos. Estas personas mayores no disfrutan de la protección de un régimen de pensiones que no existía al momento de su retiro, así que esta contribución representa una disminución en igual proporción de su capacidad de compra.

Es mentira que sectores nuevos como el de la cinematografía o el de las energías renovables continúen desarrollándose si se le suprimen estímulos recientemente consagrados por la ley. Los proyectos que productoras internacionales tienen en carpeta para ser filmados aquí y los parques de energía renovable a ser implantados buscarían un destino con mayor estabilidad jurídica. Las inversiones no llegan a un país poco serio con sus normas.

Es mentira que pueda ser amigable con el medio ambiente una reforma que penaliza con un impuesto elevado la adquisición de vehículos nuevos con equipamiento más eficiente para las emisiones.

Es mentira que esta reforma cuide a la clase media cuando le impone una contribución por derecho a circulación vehicular de un 1%, se inventa un impuesto por el CO2 emitido y le reduce su derecho adquirido al gravar el sueldo trece.

Señores del PLD: lo cierto es que no es necesario un parche tributario que acabaría con el presupuesto familiar, reduciría la competitividad de nuestras empresas, destruiría empleos, causaría fuga de capitales, desencadenaría un proceso inflacionario incontrolable sólo con el propósito de mantener en funcionamiento el aparato clientelista gubernamental. Lo que necesitamos es una administración austera que permita a los actores privados asignar los recursos necesarios a nuevas inversiones que creerán empleos de calidad, capacidades de consumo y por consiguiente una mayor contribución al fisco. El Gobierno debe ser para el pueblo y no el pueblo para el Gobierno.

LUIS ABINADER

 SUPLIDO POR: Edgar Batista